Últimamente hay mucho debate sobre "quién la tiene más larga", que si los funcionarios, que si los laborales, que si los interinos, que si el personal de "entidades externas". Todos tenemos más derecho que el otro a permanecer en nuestro puesto de trabajo por los motivos que cada uno esgrima. Pero lo que estamos olvidando es que somos
servidores públicos (de hecho, la traducción al inglés de empleado público es
public servant) y que si estamos en la Administración es para prestar un servicio a la ciudadanía.
La Administración no está ahí para que yo me coloque, para que yo tenga estabilidad laboral y trienios. No. La Administración existe para prestar un servicio al ciudadano, ya sea educativo, sanitario o de asesoramiento. Y estos servicios tienen que ser facilitados por personal cualificado. Ahí es dónde entramos nosotros, para servir a nuestro señor (cliente o usuario), que es el que al fin y al cabo paga nuestro salario.
Esto no todo el mundo parece tenerlo claro. Desde el político local, que cree que crear empleo es que el Ayuntamiento contrate a ciudadanos empadronados; hasta el funcionario prototipo, que se queja de que la gente (sus clientes) le molestan durante su jornada laboral; pasando por el sindicalista que se obceca en el respeto a los derechos de los trabajadores en el acceso y mantenimiento del empleo público, olvidando completamente el derecho de los ciudadanos a recibir una atención adecuada proporcionada por profesionales cualificados.
